Marruecos-UA, Sahara Occidental

Human Rights Watch denuncia la poca atención internacional al conflicto del Sáhara

Alfonso Lafarga

Human Rights Watch (HRW) denuncia en su Informe Mundial 2018 la poca atención internacional al conflicto del Sáhara Occidental, la excolonia española invadida por Marruecos hace 42 años.

En ese contexto, en 2017 se juzgó y condenó por segunda vez a duras penas a los presos saharauis de Gdeim Izik en base a testimonios obtenidos bajo coacción”.

HRW, reconocida organización no gubernamental de Derechos Humanos, concreta que “el proceso político para la autodeterminación del Sáhara Occidental, territorio bajo control marroquí, permaneció en 2017 estancado con poca mediación o atención internacional”.

En el informe, presentado el 18 de enero, la organización de DDHH detalla el proceso seguido contra 24 saharauis “por su presunta participación en la violencia que estalló después de que las fuerzas de seguridad entraran a desmantelar un campamento de protesta establecido en Gdeim Izik”, cerca de El Aaiún, presos que ya fueron condenados por un tribunal militar en 2013, sentencia que fue anulada.

En el nuevo juicio, esta vez ante una instancia civil -el Tribunal de Apelaciones de Rabat- los 24 saharauis fueron “acusados de participar en las muertes de policías durante los enfrentamientos de 2010” y condenados casi todos ​​a penas de prisión de entre 20 años y cadena perpetua, “de forma similar a la sentencia del tribunal militar”.

HRW indica que el juicio “estuvo contaminado por aparentes violaciones al debido proceso, como la aceptación de testimonios presuntamente obtenidos bajo coacción sin investigar previa y adecuadamente las denuncias de tortura”.

Examen forense siete años después

Señala que el tribunal se basó para condenar a los saharauis en las declaraciones policiales originales de 2010, que los acusados “rechazaron como falsas alegando que fueron coaccionados o forzados físicamente a firmar”, incluso mediante “el uso de la tortura“.

Agrega  que “el tribunal ordenó exámenes médicos, que concluyeron que la tortura no podía probarse ni refutarse, una conclusión nada sorprendente dado que estos exámenes, el primero de carácter forense al que se sometían estos acusados, se llevaron a cabo siete años después de la presunta tortura”.

Otro punto que toca el informe es el de las expulsiones de observadores internacionales de los territorios ocupados por Marruecos: “Como en años anteriores, las autoridades expulsaron a varios visitantes extranjeros que habían venido a investigar las condiciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental o para asistir a eventos de derechos humanos”, y citan el caso de las españolas Laura Moreno y Andrea Sáez, que el 4 de julio “no pudieron desembarcar del avión en El Aaiún y fueron enviadas de regreso”.

HRW indica que Marruecos, que  propone la autonomía del Sáhara Occidental bajo su dominio y rechaza un referéndum sobre la independencia, impide “de manera sistemática las reuniones de apoyo a la autodeterminación”.

Entre las penas de prisión que mantiene el código penal marroquí por una variedad de delitos de expresión no violentos se encuentra incitar contra la integridad territorial de Marruecos, una “referencia a la soberanía que este país defiende sobre el Sáhara Occidental”, según HRW.

Human Rights Watch, fundada en 1978 y “conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo”, pone de manifiesto que el gobierno de Marruecos “ha seguido imponiendo una prohibición de facto a las misiones de investigación por parte de Amnistía Internacional y Human Rights Watch desde 2015, a pesar del acceso relativamente sin restricciones de las dos organizaciones durante los casi 25 años previos”.