Marruecos-ONU, Sahara Occidental

Las negociaciones ponen a Marruecos en una situación embarazosa

Horst Koehler con el presidente saharaui Ghali en Tinduf

Según fuentes bien informadas, las conversaciones entre el Frente Polisario y el enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas, Horst Kohler, están programadas para el jueves y el viernes en Berlín. Marruecos aún no ha confirmado su participación en este diálogo indirecto con el movimiento saharaui, lo cual coloca a Marruecos en una situación embarazosa porque no puede permitirse contrariar al enviado de la ONU después de haberle negado el deseo de visitar El Aaiun, la capital del Sáhara Occidental.

Por otra parte, los marroquíes ya no pueden ignorar el llamamiento del Consejo de Seguridad de la ONU que, en abril, había instado a ambas partes (Marruecos y el Polisario) a reanudar las negociaciones. Al mismo tiempo, no desea dar argumentos adicionales a los tribunales europeos en el sentido de que la reanudación de las negociaciones con los saharauis va a desmantelar por completo su pretendida soberanía sobre el territorio del Sahara occidental y confirmaría con ello que el estatuto de este territorio ocupado queda por determinar.

Por lo tanto, el Reino de Marruecos está en una posición muy incómoda ya que, al mismo tiempo, su ministro de Agricultura se encuentra en Bruselas para tratar de convencer a la Comisión Europea para presionar a los quince jueces del Tribunal de Justicia Unión Europea (TJUE) para que no apliquen las conclusiones “radicales” del Abogado general Whatelet, que paralizan el acuerdo de pesca y arrojan la luz sobre la violación por parte de la Unión Europea del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, olvidando, así, que las instancias jurídicas europeas son independientes de la Comisión, del Consejo y de los Estados miembros.

Otra preocupación de timing para los marroquíes y por las mismas razones: la reanudación de las negociaciones con Kohler podrían hacer aleatorios estos esfuerzos desplegados para burlar la sentencia del Tribunal de Justicia de diciembre de 2016 sobre el acuerdo agrícola que había precisado que el Sahara occidental y el reino de Marruecos eran dos territorios distintos y separados y que, por lo tanto, toda importación de productos procedentes del Sahara Occidental debía beneficiar sólo al pueblo saharaui y obtener la autorización previa e indispensable de su único y legítimo representante, el Frente Polisario.

 

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