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Marruecos: la nueva constitución no permitió el respeto de los derechos humanos (ONG)

La nueva Constitución adoptada en Marruecos en 2011 “no logró colocar” al país sobre la vía del “respeto a los derechos humanos”, dijo en un informe publicado el jueves el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (Obs).

“La Constitución de 2011 no permitió colocar a Marruecos sobre la vía de las reformas esperadas y del respeto de los derechos humanos (…) las ONG de derechos humanos son objeto de una creciente represión, de manera significativa desde 2014, por parte de las autoridades, que interpretan la legislación de manera restrictiva y no permites decisiones judiciales favorables a la sociedad civil “, escribe Obs, un programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

“La Constitución hace hincapié en la primacía de las convenciones internacionales y, por lo tanto, el respeto a los derechos humanos”, reconoce el informe. Este respeto también forma parte de los criterios de la FIFA para la organización de la Copa del Mundo de 2026, para la cual Marruecos es un candidato.

Pero Marruecos “no puede aceptar una legislación que sea contraria a la religión musulmana moderada, a la monarquía constitucional y a la integridad territorial”.

“Así es como el estado utiliza estas “constantes” para justificar las violaciones de los derechos humanos que comete: por ejemplo, la igualdad entre mujeres y hombres está condicionada al respeto de la sharia”, indica el informe.

El Observatorio señala en particular “la retórica gubernamental (que) amalgama voluntariamente el trabajo de las ONG de derechos humanos con el terrorismo y el extremismo religioso”.

La OMCT enumera las “trabas en los procedimientos de registro” de las ONG, o “en sus actividades (eventos, reuniones públicas)”. A principios de 2017, la Asociación Marroquí para los Derechos Humanos (AMDH) declaró la prohibición de “al menos 125 de sus reuniones, conferencias y otros eventos” desde julio de 2014.

Además de las organizaciones marroquíes, las organizaciones saharauis soportan “una negativa sistemática de registro”, siempre justificada por “la violación de la integridad territorial” debido a su militancia por el derecho de autoideterminación.

El gobierno también les limita el “acceso a la financiación” en virtud de una nueva ley que obliga a los donantes internacionales a pedir la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores antes de cualquier financiación de las asociaciones.

Las ONG de derechos humanos también son un “blanco de las autoridades marroquíes”, añade el informe que cita la detención, el 11 de junio de 2015, del Director para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional y de la Sra Irem Arf, investigadora sobre los derechos de los migrantes y refugiados para Amnistía Internacional.

“A pesar de los avances en el campo jurídico, el respeto por las libertades y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución sigue siendo precario y varios derechos garantizados se han vaciado de su sustancia”, concluye el texto.

 

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