Marruecos

Marruecos: La difunta libertad de expresión

Escrito por Ilhem Rachidi  

Al cabo de ocho meses de proceso, los y las manifestantes de 2016-2017 en el norte del país han sido condenadas a penas que llegan hasta los 20 años de prisión.

Veinte años de prisión. Esa es la pena a la que han sido condenados cuatro de los jóvenes rifeños considerados como líderes del Hirak (“movimiento”), el movimiento de protesta social que agitó el norte de Marruecos en 2016-2017. El veredicto, dictado en la noche del martes 26 al miércoles del 27 de junio por la cámara criminal del Tribunal de apelación de Casablanca, es de una gran severidad para una parte de las cincuenta y tres personas acusadas, entre ellas Nasser Zefzafi, 40 años, que se ha convertido en la figura emblemática de este movimiento.

Acusados de “complot para atacar la seguridad del Estado”, los cuatro corrían el riesgo de incluso la pena de muerte. Otros tres acusados han sido condenados a quince años de reclusión, siete de ellos a diez años y diez a cinco años. El resto de las penas varía entre dos y tres años de prisión. El tribunal no se ha pronunciado aún sobre el caso del periodista Hammid El-Mahdaui que arriesga hasta cinco años de prisión por “no revelación de atentado contra la seguridad del Estado”. El veredicto debería ser conocido el 28 de junio.

Si una parte de los y las jóvenes detenidas entonces fue juzgada en Alhucemas, las personas a las que la autoridad consideraba como las líderes, fueron llevadas a Casablanca, con graves cargos. Estas últimas semanas, una gran parte de las personas acusadas habían decidido boicotear el proceso, denunciando una justicia inicua.

Al anuncio del veredicto, en la noche del martes al miércoles, varias tentativas de manifestación han sido reprimidas por la policía en Alhucemas y en Imzuren (hoy, jueves 28 de junio, están previstas concentraciones en diferentes ciudades europeas, y el sábado 30 manifestaciones también en diferentes ciudades europeas ndt). En las redes sociales, mucha gente no oculta su cólera o su amargura frente a un veredicto de una tal severidad, y cuando el país está confrontado a reivindicaciones sociales crecientes.

“360 años de prisión [las penas acumuladas] en Marruecos para jóvenes que han demandado un hospital y una universidad”, resumía un tweet. “Qué ascenso emocional en un día: ayer el orgullo y la alegría colectiva de ser marroquíes [en referencia a la Copa del Mundo de fútbol], y esta noche el disgusto, la inquietud por el país y la resignación, tras los severos juicios a las personas detenidas del Rif. Esta noche será tristemente memorable”, comentaba el periodista político Abdellah Turabi.

El presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Ahmed El-Haij, ha denunciado por su parte un veredicto hecho bajo la influencia “del ejecutivo”: “En Marruecos, no tenemos magistratura independiente que aplique la ley y estrictamente la ley. Estas personas han sido detenidas cuando realizaban protestas puramente pacíficas para demandar al Estado una mayor justicia económica y social. Ahora bien, han sido juzgados por actos aberrantes que no corresponden a la realidad, con el pretexto de que habrían amenazado la integridad territorial del reino. Este veredicto tiene por objetivo dar una lección a todo el pueblo. Hemos vuelto a los años de plomo”. (Informaciones recogidas de Le Monde 27/06/2018, artículo firmado por Charlotte Bozonnet (con Ghalia Kadiri).

El artículo que publicamos a continuación muestra cómo esta condena no es un trueno en un cielo sereno sino que es una muestra más del profundo retroceso de las libertades en “nuestro vecino del sur”.]

La apertura que siguió a la emergencia en 2011 del Movimiento del 20 de febrero no ha durado mucho. De nuevo las libertades son recortadas, la gente que se manifiesta encerrada en prisión, hasta tal punto que hay militantes que añoran los últimos años del rey Hassan II.

Visto de lejos, Marruecos parece la excepción en una región agitada desde las revoluciones árabes de 2011. Según el discurso oficial, abundantemente repetido por la prensa local, algunos medios internacionales y, sobre todo, una parte considerable de la opinión pública, Marruecos ha negociado con habilidad el giro de 2011. Cuando el país estaba sacudido por el Movimiento del 20 de Febrero, el rey Mohamed VI anunció el 9 de marzo de 2011, es decir menos de tres semanas después de las primeras manifestaciones, cambios políticos profundos. En julio, una nueva Constitución que concede más poder ejecutivo al gobierno era aprobada por el 98% de votantes. Y en noviembre, tenían lugar elecciones anticipadas, llevando a la dirección del país a un partido islamista que no había estado jamás en el gobierno, el Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD).

A pesar de estas respuestas, durante un año aproximadamente, la calle marroquí estuvo animada por las manifestaciones del Movimiento del 20 de Febrero a un ritmo sostenido y por vivos debates políticos, incluso en las regiones más atrasadas. La libertad de palabra fue progresivamente arrancada y se expresó luego en el seno de numerosos movimientos sociales.

Sin embargo, siete años más tarde, los y las militantes que participaron en ese movimiento de protesta sin equivalente en la historia reciente del país muestran inquietud. Su balance está a mil leguas de la “excepción marroquí” pintada por el poder.

Un sentimiento de ahogo

“¡En 2011 había un momento de libertad! Ahora tenemos un sentimiento de ahogo en comparación a 2011. Nos sentimos vigilados todo el tiempo, sentimos la presión”, lamenta Khadija Ryadi, laureada 2013 del premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y antigua presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). “No hemos vivido algo así desde hace años”. El país conoce una ola de represión particularmente intensa, poniendo en dificultades las recientes conquistas en materia de libertad de expresión y de manifestación. Los informes de las ONG internacionales confirman esta regresión. El pasado invierno, Amnistía Internacional denunciaba casos de tortura -desmentidos por las autoridades- de militantes del Hirak, un movimiento que expresaba reivindicaciones económicas y sociales nacido en el Rif en octubre de 2016. Más recientemente, Human Rights Watch (HRW) señalaba las violencias policiales y la atmósfera opresora, poco propicia para el trabajo de su personal de investigación en Jerada, una antigua ciudad minera sacudida por manifestaciones.

Por otra parte, en la Clasificación mundial de la libertad de prensa de 2018 de Reporteros sin Fronteras, Marruecos ocupa la plaza 135, ilustrando la crisis que atraviesa al periodismo en el país. Estos últimos años los periódicos independientes han desaparecido de los kioskos mientras que los y las pocas periodistas que se atreven a desafiar las líneas rojas sufren presiones cada vez más poderosas. Por haber cubierto las manifestaciones del Rif, siete personas, esencialmente periodistas ciudadanas que han dado a conocer las primeras protestas, están tras los barrotes, al lado de la gente militante del movimiento.

Un millar de personas presas políticas

Las cifras hechas públicas por la AMDH no tienen vuelta de hoja. Cerca de mil personas habrían sido encarceladas por razones políticas desde el año pasado. Algo nunca visto desde la ola de detenciones de 2003 que siguieron a los atentados de Casablanca [NDLR Serie de cinco atentados suicidas que tuvieron lugar el 16 de mayo de 2003, perpetrados por una decena de hombres originarios de la barriada de chabolas de Sidi Moumen, que provocaron 41 muertes y un centenar de personas heridas. Un “11 de septiembre marroquí” que está en el origen de una crisis política y de un refuerzo importante de las medidas securitarias], según Youssef Raissouni, director administrativo central del AMDH. Entre estas personas detenidas, manifestantes que tomaron parte en el Hirak, otras en el movimiento de Jerada, estudiantes de la Unión Nacional de Estudiantes Marroquíes (UNEM), ciudadanos y ciudadanas que participaron en movimientos sociales por todo el país, periodistas.

Se cuentan ya cerca de 800 las personas perseguidas por relación con el Hirak, según Rachid Belaali, del comité de defensa de las personas detenidas. En Jerada, donde la ciudadanía salió a la calle entre diciembre y marzo tras la muerte de dos mineros, un centenar de personas están actualmente encarceladas en el marco de una manifestación reprimida en marzo pasado, según la oficina de Oujda del AMDH. Las detenciones continúan -y las liberaciones también, lo que hace difícil seguir la situación- según Jawad Tlemsani de la oficina de la AMDH en Oujda, donde se desarrollan los procesos. Según cuenta, estos últimos días habrían sido encarceladas una veintena de personas.

Durante este tiempo, las audiencias-río del proceso de la dirección del Hirak han tenido lugar en Casablanca. Y en Alhucemas, en el corazón del Hirak, los y las manifestantes son cotidianamente condenados a duras penas de prisión, en medio de una indiferencia casi general. En el aniversario del comienzo de la represión en mayo pasado, los y las detenidas del Hirak de la prisión de Oukacha en Casablanca -entre ellos el militante rifeño Nasser Zefzafi- han observado una huelga de hambre a fin de protestar contra sus condiciones de detención. Este miércoles 6 de junio, Zefzafi comenzaba su segundo año en aislamiento, en contra de las normas de las Naciones Unidas, como recuerda HRW.

Militantes y sindicalistas en el punto de mira

En este contexto, el trabajo de los y las militantes de derechos humanos basados en Marruecos se vuelve particularmente difícil. Muy activo en el seno del movimiento de protesta iniciado en 2011, Raissouni reconoce, sin la menor duda: “Me siento menos libre que en 2011”. Su vida diaria está hoy marcada por las prohibiciones de actividades y las restricciones financieras. “Ya no se puede trabajar como antes, hacer un trabajo de defensa, de formación, organizar acciones con el gran público. No tenemos espacio”, según explica. “No estamos en un Estado de derecho. Nuestra constitución no es democrática [a pesar de algunos avances en el texto]. El Majzén es muy astuto. No institucionaliza las cosas. Por tanto todo avance es recuperable”, añade. Tras un período marcado por un aumento de las actividades militantes y un nuevo interés de la juventud por la política, desde 2013 se ha dibujado un retroceso progresivo, una vez que se debilitó el Movimiento 20 de Febrero. El año siguiente, las autoridades enviaban un mensaje claro, a través de una declaración ante el Parlamento del Ministro del Interior de entonces, Mohamed Hassad que evocando la amenaza terrorista, pretendió que algunas asociaciones seguían agendas exteriores con el pretexto de trabajar por los derechos humanos”, y podían dañar la seguridad del país. Luego, ONGs, pero también sindicatos, tienen dificultades para organizar actividades públicas, alquilar locales, y para obtener documentos oficiales que les permitan existir de forma completamente legal.

Nostalgia de los años 1990

Desde hace cuatro años, 140 actividades de la AMDH han sido prohibidas, según Raissouni. Del centenar de secciones de la asociación, alrededor de sesenta, entre ellas las oficinas de Rabat, Casablanca, Marrakech, Tánger, Kenitra, Salé, no logran ni siquiera obtener un recibo cuando presentan los documentos que deben presentar, añade Raissouni. En Oujda, donde la oficina ha sido renovada en marzo, las autoridades locales siguen sin registrar las modificaciones, según afirma Jawad Tlemsani. Antiguo miembro de la UNEM y miembro del Partido Socialista Unificado, Tlemsani, 26 años, ha asistido al nacimiento de una real cultura de la protesta estos últimos añós. Pero a pesar de este progreso innegable, denuncia un claro retroceso de las libertades. Desde Oujda, ha visto debilitarse la movilización y cómo el miedo se instalaba entre la ciudadanía de Jerada, donde otros dos mineros murieron a comienzos de junio. Las manifestaciones son ahora raras. Solo algunas concentraciones, a menudo espontáneas, tienen lugar aún en algunos barrios.

Cuando prosigue esta confrontación con el poder, Khadija Ryadi mira hacia el pasado. La crisis es tan inédita y profunda que ella (y también otras personas militantes) llegan a tener nostalgia de los años 1990 y la apertura democrática iniciada a finales del reino de Hassan II. En su opinión, “el mejor momento, eran los años 1990. En 2011, era diferente, fue muy corto. Durante los años 1990, tuvimos la libertad de expresión”. “Entre 1992 y 2001, fue el único momento en el que hubo una prensa de investigación, libertad de asociación. El espacio público se amplió y estuvo animado por verdaderos debates. Fue el único momento en que se respiró un poco de libertad. Había un verdadero debate político. Ahora, en cuanto dices dos palabras, en cuanto la prensa abre un debate, la gente va a la cárcel. Ya no hay debate. Todo está cerrado con llave”.

Fuente : Orient XXI